lunes, 21 de mayo de 2018

DERECHOS HUMANOS QUE RECORTAN LA MEMORIA


Aunque parezca  reiterativo, conviene refrescar la memoria con datos concretos, porque del lado politizado de izquierda, tergiversan y usan falsedades, para convencer a ignorantes y dubitativos, ante el vacío que deja el desconocimiento de la verdad histórica y el perverso ocultamiento de los crímenes del terrorismo, ocultamientos llevados a cabo tanto por el kirchnerismo como por el actual gobierno de "Cambiemos" .





NOTA PERIODÍSTICA DEL 16 DICIEMBRE DE 2017  QUE SE TRANSCRIBE MÁS ABAJO Y QUE COBRA ACTUALIDAD,  ANTE LA RECOMPOSICIÓN DE JUZGADOS Y SALAS DE APELACIÓN POR UN LADO Y EL IMPULSO DE NUEVOS JUICIOS A MILITARES, CON LAS MISMAS FALLAS DE PRUEBA DE SIEMPRE Y EL GRAVE PREVARICATO COMETIDO, AL HABERSE APLICADO DURANTE EL GOBIERNO DE NÉSTOR KIRCHNER, RETROACTIVAMENTE LEYES PENALES, SÓLO A LOS MILITARES, PARA ASÍ PODER JUZGARLOS INCONSTITUCIONALMENTE.
Derechos humanos que recortan la memoria
El plan de acción anunciado por Claudio Avruj, Secretario de Derechos humanos del gobierno de Macri, debió haber impulsado una reconciliación sincera, edificada sobre la verdad histórica integral y no convalidando la versión distorsionada, parcial y falaz que difunden y propalan las organizaciones tuertas de derechos humanos y los partidos de la izquierda marxista.
Claudio Avruj al anunciar el Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020 ocultó, no haciendo referencia alguna, a los miles de atentados, secuestros, asesinatos, toma de unidades militares, comisarías, voladuras de edificios, buques de guerra, aviones, etc., cometidos por las organizaciones terroristas guerrilleras subversivas marxistas de Montoneros, E.R.P., F.A.P., F.A.R, etc.
Todos los hechos realizados en la década de los años setenta, por las organizaciones terroristas guerrilleras subversivas marxistas, se encuentran debidamente registrados y documentados y en vez de destapar esta olla pestilente y muy sangrienta de los actos terroristas y así sanar el tejido social de la República, el gobierno de CAMBIEMOS,"algo", para que todo siga igual, en el tergiversado asunto de los Derechos Humanos, ideado siniestra y políticamente por Néstor Kirchner, CAMBIEMOS persiste en el tema de la denostación a las Fuerzas Armadas de la Nación, por su actuación en la GUERRA INTERNA de los años 70, guerra hasta reconocida en el texto del libro de la CONADEP, guerra iniciada por orden de un Gobierno Constitucional mediante el decreto "SECRETO" Nro. 261/75.
Las acciones de GUERRA, llevadas a cabo por las FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN, evitaron que la Argentina se convirtIera en una nueva Cuba, pues al Gobierno Peronista de esos años y a la partidocracia de ese momento, se les había ido de las manos el control del país y hasta un famoso político llegó a decir: "no es tiempo de votos sino de botas", clamando la mayoría de la población, la intervención de la Fuerzas Armadas para terminar con el caos reinante en todo el territorio. 

NOTA del 16 de diciembre de 2017:
  Los palabras entre paréntesis han sido agregadas

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto en el que el secretario Claudio Avruj anunció el Primer Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020. El documento publicado comprende varios capítulos y políticas referidas a derechos colectivos, igualdad, no discriminación y reducción de la violencia. Pero sin duda la mayor expectativa se concentró en el capítulo titulado "Memoria, Verdad y Justicia".
En efecto, al conocerse este título se abrió la expectativa de observar avances hacia la pacificación y reconciliación, con el reconocimiento hacia las víctimas ocasionadas por los grupos terroristas que iniciaron y sembraron violencia y muerte en los años setenta. Pero no fue así. El plan no hace ninguna mención de estas víctimas, cuyos familiares siguen clamando el reconocimiento que legítimamente se les debe. Su contenido, por el contrario, parece surgido de la pluma de quienes aspiran a profundizar el empleo del brazo de una justicia parcial para seguir enjuiciando y condenando exclusivamente a militares, policías y gendarmes. En este plano de profundizar la condena hacia ellos, el gobierno nacional ha confirmado que continuará querellando y que no intenta atender los Derechos Humanos de las víctimas inocentes de los grupos subversivos armados. Nada dice ni plantea sobre el carácter de lesa humanidad que la jurisprudencia internacional adjudica a los crímenes de organizaciones armadas, que ademáscontaron con apoyo y entrenamiento externo, (Cuba y URSS).
Los argentinos siguen divididos respecto de su visión acerca de lo sucedido en los años setenta. Subsiste una grieta conceptual que constituye un obstáculo para alcanzar la necesaria reconciliación de nuestra sociedad.
Durante los doce años en los que los Kirchner ejercieron la primera magistratura, el discurso oficial se caracterizó por una interpretación ideologizada y alejada de la verdad de aquellos hechos. La denominada política de derechos humanos abandonó los principios éticos que debían caracterizarla y fue empleada para lograr espacio político y una artificial cobertura moral para el ejercicio corrupto del poder. Desde el gobierno y en las escuelas se difundió y todavía se mantiene, un relato sobre los setenta que presenta a los grupos terroristas como jóvenes idealistas y a la represión como una acción requerida para acallar la resistencia social frente a políticas económicas impuestas por supuestos perversos poderes económicos.
Con esa falsa presentación de la verdadera historia, se ignora a las víctimas ocasionadas por los Montoneros, el ERP y otros grupos armados. Se omite decir que estos grupos actuaron también contra gobiernos constitucionales, y se ignora que entre 1970 y 1973 hubo un fuero judicial que los juzgó y condenó, otorgándoles todas las garantías para su defensa.
El relato tampoco recuerda que en mayo de 1973 ese fuero fue disuelto por el gobierno de Héctor Cámpora, y que los terroristas amnistiados retomaron las armas y procedieron a vengarse de los jueces que los habían juzgado y condenado.
Puestas a combatir aquel terrorismo desbordado que pretendía hacer de la Argentina otra Cuba, las Fuerzas Armadas fueron reclamadas por el poder civil para aniquilar el accionar subversivo. Este se desarrollaba por combatientes sin uniforme, que actuaban clandestinamente en organizaciones celulares, en ámbitos principalmente urbanos.
Lamentablemente, tanto el gobierno constitucional como las cúpulas militares descreyeron en 1975 que el camino pudiera ser nuevamente el de recrear un fuero judicial. La respuesta al requerimiento de aniquilamiento llevó a que las Fuerzas Armadas cometieran desde el Estado crímenes aberrantes. (que ocurren en toda GUERRA), ciertamente esto no puede convalidarse, pero no por ello hay que olvidar los crímenes y delitos cometidos por los movimientos subversivos.
Sin embargo, los integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han recibido cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de gobierno, pese a la enormidad de sus repudiables conductas. Entre 2011 y 2016, las indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de dólares. Se estima que en total, desde el inicio y hasta que se satisfagan todos los reclamos, alcanzarán 11.200 millones de dólares. Para continuar lo que alguien, (Macri en su campaña electoral de 2015), denominó "el curro de los derechos humanos", aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis.
Mientras tanto, desde que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también civiles.
En la actualidad hay alrededor de 2000 presos, de los cuales 1430 aún no tienen condena y 728 de ellos han excedido holgadamente el tiempo admitido de prisión preventiva. Ya han fallecido 428 en prisión, de los cuales 424 tenían aún prisión preventiva. En gran parte de estos juicioshay denuncias de testigos falsos y se manipulan las pruebas. Ha sido frecuente la realización de audiencias y juicios orales en teatros o grandes locales en los que se convoca a multitudes vociferantes.
Esas irregularidades deberían investigarse a fondo, incluyendo tanto lo actuado desde la conducción política como desde el accionar de la Justicia. En particular deberá revisarse la conducta de algunos jueces y fiscales, cuya labor fue contraria a la imparcialidad.
El Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020 debería impulsar como objetivo central, una reconciliación sincera edificada sobre la verdad objetiva y la justicia. Se trata nada menos que de sanar el tejido social y así hacer posible avanzar en paz hacia un futuro común.

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