EN EL ADJUNTO UN ESCLARECEDOR E INTERESANTE ARTÍCULO DEL SENADOR PINO SOLANAS, EN EL CUAL SE PONE DE MANIFIESTO EL EMBUSTE DEL TARIFAZO AL GAS, QUE EN UN ALTO PORCENTAJE, SE EXTRAE DE NUESTRO SUBSUELO POR COMPAÑÍAS MULTINACIONALES, A LAS CUALES CON EL AUMENTO A LOS CONSUMIDORES, SE LES INCREMENTARÁN NOTABLEMENTE LAS GANANCIAS.
ESTO OCURRE, SEGÚN EL PORMENORIZADO ARTÍCULO DEL SENADOR SOLANAS, EN RAZÓN DEL ELEVADÍSIMO VALOR CONCEDIDO A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS, PARA EXTRAER EL GAS, QUE ES PROPIEDAD DEL ESTADO ARGENTINO POR LEY VIGENTE.
EL VALOR DEL METRO CÚBICO DEL GAS A BOCA DE POZO, QUE PAGA EL ESTADO ARGENTINO A LOS CONCESIONARIOS QUE LO EXTRAEN, ES MAYOR QUE EN EEUU, Y ESTE SOBRECOSTO ES PAGADO POR LOS CONSUMIDORES ARGENTINOS.
El embuste de los tarifazos
Por Pino Solanas 17 de mayo de 2018
El aumento de las tarifas de energía y la reducción de subsidios para
los usuarios de servicios públicos son uno de los mayores embustes del Gobierno
de Cambiemos. La mitad de la energía eléctrica en Argentina se genera con base
en gas natural. Lo que se oculta y se debe debatir no
es cuánto se tienen que aumentar las tarifas de gas y electricidad ni cuánto
les reducimos los subsidios a los consumidores, sino a cuánto ascienden los
subsidios a los productores de gas y quién los terminará pagando.
Cuando el Presidente de la Nación y su ministro coordinador plantean que
debemos llevar las tarifas a las del mercado internacional, están engañando a
la población, porque el 76% del gas y el 97% de crudo que consumimos es de
producción nacional: desde hace casi un siglo se extrae y se refina en el país
con técnicos y trabajadores argentinos, cuyo salarios no están indexados a los
del mercado mundial. Lo que se importa es el gas de Bolivia y el gas natural
licuado (GNL), que es el más caro, pero es solo el 10% del total de gas que
consumimos.
Recordemos algo que se viene ocultando: la producción de hidrocarburos
es a través de concesiones, porque las reservas petroleras no son de las
petroleras, sino de propiedad pública, según la ley nº 26197 y la Constitución
Nacional. Las empresas petroleras solo extraen el
petróleo y el gas del subsuelo y lo procesan. Por lo tanto,
el precio del gas natural, en boca de pozo, debe ser el resultante del costo de
extracción, más la amortización de las inversiones, así como la de una utilidad
razonable para el concesionario que lo extrae.
El economista Carlos Leyba recordaba que, en el año 2004, las petroleras
firmaban libremente contratos de provisión de gas natural a 1,50 dólares por
millón de Btu y, en el año 2006, Pan American Energy, concesionaria de Cerro
Dragón, el mayor yacimiento hidrocarburífero de la Argentina, renovó su
contrato de concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderlo por otros
10 años más, exigiendo un precio mínimo —o precio sostén— para el gas natural
de 1,61 dólares por millón de Btu. Estos números, actualizados por la inflación
de los Estados Unidos, dan hoy un valor de 2,16 dólares por millón de Btu.
Por otra parte, en el año 2017, YPF, el mayor productor de gas del país,
informó a la Comisión de Valores de los Estados Unidos que el costo promedio de
producción de gas natural para esa empresa era de 1,90 dólares por millón de Btu.
De esta información se desprende claramente que el precio establecido por el Gobierno de Mauricio Macri no se
corresponde con el costo de producción más una utilidad razonable para las
petroleras, sino que las nuevas tarifas incluyen un subsidio a los concesionarios.
¿Por qué el Gobierno nacional fijó el precio del gas natural para los
consumidores en 4,69 dólares por millón de Btu y quiere llevarlo a 6,78 dólares
por millón de Btu en octubre de 2019? El embuste del ministro Juan José Aranguren, ex CEO de la Shell, es tan
grande que les hace pagar a los argentinos la tarifa de gas más cara del mundo: en Estados Unidos
se paga US$2,6 mm/Btu; en México, US$2,8 mm/Btu; en Brasil, US$4,3 mm/Btu; en
tanto que en Canadá y Gran Bretaña se paga US$4 mm/Btu y en Japón, US$4,1
mm/Btu.
Si vamos a los combustibles, Argentina
sigue teniendo las naftas más caras de América Latina, con un precio de
US$1,5 por litro, mientras que en Chile cuesta US$1,1; en Brasil, US$1,06; en
Paraguay, US$0,98; en México, US$0,91 y en Bolivia, US$0,52 por litro.
Nosotros interpelamos al ministro Aranguren en mayo de 2016 y le
preguntamos: ¿Cuál es el costo de producción del gas natural? Reiteramos esa
pregunta en la famosa audiencia pública del gas natural, en septiembre de 2016,
pero Aranguren nunca contestó no sólo a la cuestión del costo, sino a ninguna
de las preguntas de los 300 expositores. Este subsidio debe ser explicitado y
justificado, ya que entre los años 2013 y 2017 las
petroleras recibieron del Estado nacional, a través del Plan Gas, 5650 millones
de dólares de subsidios por el excedente de gas natural inyectado a la red.
A lo cual cabe añadir los 35 mil millones de dólares que los
consumidores transfirieron en forma directa a las petroleras entre los años
2011 y 2016. En el año 2009, el barril tipo Medanito cotizaba a 43 dólares y en
el 2011, a 62 dólares, por los sucesivos aumentos de los combustibles y la
implementación de un precio sostén diferencial para el petróleo crudo de
producción local, (el denominado "barril criollo"), con el propósito
de mantener los niveles de actividad y empleo en el sector petrolero. Resultó
un embuste fantástico: mientras el precio del crudo bajaba en todo el mundo
hasta menos de 30 dólares el barril, en nuestro país subía, y el nivel de producción
y de reservas cayó a su nivel más bajo desde 1998. Se perdieron decenas de
empleos en la industria petrolera y muchas empresas contratistas se fueron.
Debe entenderse que los consumidores de
gas natural son clientes cautivos de los concesionarios y por eso su precio
está regulado por el Estado: como árbitro que es no puede desconocer el costo
de producción de un bien que regula.
Sin embargo, el Gobierno Macri oculta el costo del gas natural,
desinforma a la opinión pública y lanza tarifazos que son un castigo para la
producción nacional. ¿Con energía y combustibles caros cómo puede la industria
producir y competir en el mercado interno y el externo? Cada aumento de las
tarifas es un disparador de la inflación y del costo industrial argentino.
La dirigencia política, empresarial,
sindical y el periodismo deben reclamar una auditoria pública del costo del
gas, los combustibles y la electricidad. El debate parlamentario no debe
centrarse en la manera de reducir los subsidios a los consumidores, sino en por
qué razón vamos a seguir subsidiando con cifras millonarias a las petroleras y
las multinacionales que operan en el país. La energía es un derecho humanos
establecido por la ONU, necesitamos debatir y consensuar un proyecto
estratégico que contemple nuestra soberanía energética.
El autor es senador nacional de
Proyecto Sur.
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