El delito de prevaricación o prevaricato del juez casi no tenía antecedentes en nuestra historia judicial. Es que resultaba inconcebible que un juez fuera capaz de dictar una sentencia o resolución fundada a sabiendas en hechos o derecho falsos, que de eso se trata en este delito. Y mucho menos si semejante conducta se ejercitaba en causa criminal.
Aquel jurista notable que fue Sebastián Soler enseñaba, en efecto, que el prevaricato consiste en hacer pasar como derecho algo que positivamente se sabe que no lo es. Por eso advertía que no existía ni existe un prevaricato objetivo o inadvertido por el juez. El prevaricato es siempre y necesariamente doloso – no hay prevaricato por descuido o negligencia, afirmaba Soler – y, por ende, inspirado por pasiones tales como el favor, la enemistad, la bajeza: vengar un resentimiento, favorecer a quien puede otorgar ventajas.
Pues bien, la prevaricación judicial ha dejado de ser una rareza para los argentinos, por más que en apariencia la mayoría de ellos no se haya dado cuenta. Hace más de diez años que se ha instalado como conducta habitual entre los jueces a cargo de las causas llamadas de lesa humanidad, de la Corte Suprema para abajo. Con el agravante de que aquellos con la obligación de reaccionar frente a tamaña ofensa a la administración de justicia – jueces en lo penal, Consejo de la Magistratura, Colegios de Abogados, Asociaciones de Magistrados o de ex Magistrados – guardan público silencio, mientras que en privado varios de sus integrantes admiten el crimen masivamente cometido y reconocen las tremendas consecuencias que los argentinos sufriremos por ello.
Ya habrá ocasión en que diremos cuáles serán – algunas ya están a la vista – las consecuencias para nuestra sociedad de las aberraciones cometidas en nombre de teorías o ideologías como la de los derechos humanos. En esta ocasión queremos señalar la última y brutal prevaricación cometida por los jueces que en Tucumán impusieron prisiones perpetuas o por larguísimos años a militares y policías que, cumpliendo órdenes de la Presidente de la nación elegida democráticamente, combatieron y derrotaron al terrorismo comunista en esa provincia… ¡hace más de 40 años!
Se pudo ver en ese juicio a ex terroristas, cuyas manos están manchadas de sangre, prestando testimonio bajo juramento contra los acusados. Se pudo escuchar a un fiscal de pacotilla afirmando a los gritos que el ejército argentino había actuado en Tucumán como una fuerza de ocupación. En cambio, lo que no pudo verse ni oírse fue una sola palabra de condena a estas monstruosidades del fiscal – representante del Estado – por parte de la gente que hoy gobierna – ni siquiera del Presidente, que creemos que todavía es el jefe supremo de las fuerzas armadas – y de los que fungen como dirigentes políticos y sociales.
Parece que, a propósito de lo que ha sido bautizado como el caso Maldonado, el Presidente Macri se ha mostrado asombrado o indignado – no se sabe bien – porque hay testigos que mienten abierta e impunemente, incluso ante un juez. Esta ingenuidad presidencial nos causa preocupación. Nos suena como si se dijera que el Presidente de la nación ha inventado la pólvora o descubierto América. Pero como nosotros no somos los que quieren que a su gobierno le vaya mal, nos sentimos en la obligación de decirle – y nos ofrecemos a demostrarle – que la pólvora ya fue inventada y América lleva siglos descubierta.
Presidente Macri: un breve repaso de los llamados juicios de lesa humanidad le revelará que no solamente son centenares los testigos mentirosos, sino que además lo son también los jueces que llevaron aquellos y protegieron a los perjuros. Y, de paso, empezará a vislumbrar que la farsa de esos juicios es causa principal de que la Argentina se esté quedando sin Estado, hecho puesto en evidencia por colegios tomados, juzgados federales invadidos, calles y rutas ocupadas, fuerzas armadas y de seguridad en ruinas, símbolos nacionales ultrajados, políticas de defensa abdicadas y un largo etcétera del cual seguiremos conversando.
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