BUEN ANÁLISIS SOBRE LOS PROCESOS INICIADOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZA ARMADAS Y DE SEGURIDAD,QUE COMENZARON A COMBATIR AL TERRORISMO GUERRILLERO SUBVERSIVO MARXISTA POR ORDEN DE UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL A PARTIR DEL DECRETO "SECRETO" NÚMERO 261 DEL AÑO 1975.
Numerosos militares y policías están en la cárcel -varios de ellos padeciendo una interminable e ilegal prisión preventiva imputados de haber cometido los llamados delitos de"Lesa Humanidad"
. Mientras tanto, quienes fueron sus adversarios en la lucha entablada durante los años 70, no sólo gozan de total impunidad y libertad, sino que además muchos de ellos han ocupado y/o ocupan importantes cargos políticos o ejercen el periodismo, legisladores como Nilda Garré, Carlos Kunkel, ministros como Patricia Bullrich, periodistas como Alfredo Leuco, Eduardo Anguita, etc, etc.
Tal asimetría y la importancia del tema justifican abordarlo, no obstante tratarse de un asunto espinoso, tergiversado falazmente y especulado políticamente incluso con miles de millones pagados en ilógicas "indemnizaciones", a los terroristas asesinos sobrevivientes y/o sus deudos.
En primer lugar ¿por qué estos hombres están presos, pese a las amnistías e indultos dictados sobre el particular y no obstante hallarse prescriptos tales delitos al momento de iniciarse los respectivos procesos?
Pues, precisamente, por habérselos considerados delitos imprescriptibles de "lesa humanidad, mediante leyes posteriores a los hechos ocurridos durante la GUERRA INTERNA iniciada por los mismos terroristas en los años setenta, guerra apoyada ideológica y logísticamente, por la CUBA de los hermanos Castro.
En el caso que nos ocupa fue invocado como antecedente para iniciar los ilegales juicios, el Protocolo de Roma, que creó los delitos de lesa humanidad con posterioridad a la GUERRA contra los terroristas guerrilleros subversivos marxistas durante los años de plomo, encuadrando a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Argentina retroactivamente a la vigencia en la Argentina del Protocolo de Roma el cual fue incorporado en el país en el año 2003, es decir mucho después de la GUERRA de los años setenta inspirada y apoyada por la Cuba comunista de los hermanos Castro.
Pero, en tren de señalar irregularidades, es preciso agregar otras, decididamente groseras. Y que consisten en que los delitos de lesa humanidad definidos en los Protocolos de Roma requieren una condición previa e ineludible: que se trate de un genocidio y que esté dirigido contra la población civil.
CIFRA INFLADA
A fin de sugerir la existencia de un genocidio se infló desmesuradamente la cifra de los desaparecidos, hasta alcanzar el número de 30.000, mínimo necesario para ello.
Y esa cifra es falsa de toda falsedad, como lo declaró honradamente el autor de la misma, señor Labragna, ex guerrillero montonero.
Es falsa, aunque la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya propiciado una ley mediante la cual se transformó en delito todo intento de contradecir dicha cifra. Como si los datos históricos pudieran establecerse por ley y pese a que la gobernadora no puede ignorar que ha conferido respaldo legal a un embuste grande como una casa, que contradice incluso lo establecido por la Conadep que, pese a haber exagerado el número, habló de 9.000 y pico de desaparecidos.
Tampoco la represión tuvo lugar contra la población civil, ya que los guerrilleros estaban organizados militarmente, tenían grados castrenses y aplicaban internamente una justicia revolucionaria similar al legal y vigente Código de Justicia Militar de las FFAA, habiendo llegado a ejecutar a sus camaradas terroristas a los que consideraban traidores a la causa revolucionaria marxista.
Supongo que nada de lo hasta aquí expresado sea desconocido por los jueces que juzgaron a los represores ni por la Corte Suprema de Justicia, autora de la jurisprudencia aplicada con prevaricación y docilidad hacia el ideologizado poder político con un claro objetivo de venganza hacia las Fuerzas Armadas de la Nación, que comenzaron las acciones militares por una taxativa orden de "ANIQUILAR EL ACCIONAR SUBVERSIVO", dada por el gobierno constitucional peronista del año 1975.
Como ha ocurrido históricamente, los políticos NUNCA se hacen responsables de sus decisiones, ni siquiera cuando el presidente de turno en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas da la orden mediante un decreto secreto de: COMBATIR Y ANIQUILAR EL ACCIONAR SUBVERSIVO".
Como dijera uno de los máximos próceres de la Patria, el General Belgrano, preso y enfermo en su lecho de muerte: "¡¡¡¡AY PATRIA MÍA!!!!
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