Evidentemente, pero con mejores modales,
prolijidad y sigilo, el macrismo al
igual que el kirchnerismo-peronismo, también favorece a empresarios amigos, (Jorge Brito, Marcelo Mindlin, Joseph Lewis,
Manuel Santos Uribelarrea, a este último se le otorgó además el arrendamiento
de miles de hectáreas de terrenos militares).
Todos estos empresarios amigos del macrismo, fueron
beneficiados utilizando fondos de Garantía de Sustentabilidad, (FGS), de la
ANSES, que pertenecen a los actuales y futuros jubilados.
-o-o-o-o
Con microcréditos a familias pobres, el gobierno
busca tapar las denuncias por los fondos de ANSES destinados a negocios de
empresarios macristas
Con el fin de eclipsar las denuncias recibidas
en los últimos días, que pusieron sobre el tapete la polémica financiación de negocios de empresarios amigos con fondos
previsionales, la administración macrista se apresta a lanzar una línea
especial de micropréstamos para los hogares de menores recursos.
Con recursos provenientes del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, la Casa Rosada prevé otorgar con mínimos
requisitos créditos de corto plazo que van de 3.000 hasta 30.000 pesos a las
familias más pobres para apuntalar el consumo y mejorar las chances electorales
del oficialismo.
Para financiar este programa que se
instrumentará por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el
Gobierno tomará el 5% de los recursos que tiene disponibles el FGS y que según
los últimos datos ascienden a un total de 61.000 millones de dólares.
Por esta vía, los funcionarios nacionales
esperan volcar al consumo unos 50.000 millones de pesos con los micropréstamos
que podrán solicitar las familias que reciben AUH, las personas que reciben
pensiones nacionales y los jubilados de la Pensión Universal al Adulto Mayor.
Además del beneficio electoral, con esa movida
el Gobierno busca atemperar los planteos judiciales y las críticas que han
salido a la luz por el direccionamiento de los fondos previsionales del FGS
hacia proyectos y negocios de
empresarios afines al macrismo.
La semana pasada, la Unidad Fiscal de
Investigación de la Seguridad Social (UFISES) denunció ante la Justicia penal al titular de la ANSES, Emilio
Basavilbaso y a cuatro funcionarios del ministerio de Hacienda por un supuesto
fraude de 35 millones de dólares en la compra de obligaciones negociables (ON)
de Pampa Energía -el grupo energético de Marcelo Mindlin- y Genneia, la
generadora eléctrica controlada por Jorge Brito, el dueño del Banco Macro.
Mindlin es el principal accionista de Pampa
Energía y Petrolera Pampa. A principios de este año, le hizo un enorme favor al
grupo empresario de la familia Macri al aparecer como comprador y nuevo dueño
de IECSA, la constructora que manejó en
los últimos años el primo del presidente Angelo Calcaterra. Durante la
gestión kirchnerista, IECSA fue una
de las principales contratistas de obras públicas y ha quedado en la mira de la Justicia por su asociación con Odebrecht en
el polémico proyecto del Soterramiento de la línea Sarmiento.
En la denuncia que recayó en el juzgado del juez
federal Rodolfo Canicoba Corral con intervención del fiscal Federico Delgado,
la UFISES -que conduce Gabriel De Vedia- pidió que se investigue si Basavilbaso
incurrió en abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario
público, negociaciones incompatibles y defraudación por administración
fraudulenta.
Según destacó la presentación del fiscal De
Vedia, las operaciones del FGS “estarían
beneficiando reiterada e infundadamente” a los empresarios Marcelo Midlin y
Joseph Lewis, (este último súbdito del Imperio Inglés, amigo de Macri y dueño
de una mansión en la Patagonia-Lago Escondido, donde suele vacacionar Mauricio
Macri), dueños de Pampa Energía, quienes “podrían tener vinculaciones con el
Gobierno”.
Agregó que “las calificadoras de riesgo habían
otorgado un puntaje regular a las ON de Pampa Energía” y advirtió que “dichos
títulos registraban características especulativas significativas”. Por ese
motivo, la UFISES planteó que debe investigarse por qué “el Comité del FGS optó
por adquirir este tipo de ON y no otras que podían revestir un mayor beneficio
para el fondo”.
Además de Basavilbaso también fueron denunciados
penalmente los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Política Económica,
Sebastián Galiani, junto a Juan Martín Monge, subdirector ejecutivo de
Operación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
A la denuncia que involucra a Mindlin se sumaría
en los próximos días otra de similar tenor que haría foco en el empresario macrista Manuel Santos
Uribelarrea, titular del grupo MSU y de las empresas Río Energy y Uensa.
En abril de este año, el comité ejecutivo del
FGS acordó con la firma Uensa un contrato de préstamo sindicado para participar
con 20 millones de dólares en el financiamiento de una central térmica de 150
MW ubicada en Villa María en la provincia de Córdoba.
En este caso, lo que más ha llamado la atención
es que los responsables del FGS no hayan tenido en cuenta los curiosos y
accidentados antecedentes que registra esa usina eléctrica.
La
central térmica había sido desechada por los funcionarios de Energía en dos
rondas licitatorias que se efectuaron entre mayo y agosto del año pasado por no
haberse ajustado a los precios y a las condiciones técnicas que estaban en
juego.
Pese a esos puntos en contra, a fines de octubre
pasado la Secretaría de Energía Eléctrica, que conduce el ex cavallista
Alejandro Sruoga le ordenó a la CAMMESA que salga a contratar la central
ofertada por MSU junto con otra de 100 MW en Loma de la Lata que había
propuesto el grupo Pampa Energía.
De esa manera, la central cordobesa de Villa
María de MSU y la neuquina de Pampa Energía lograron entrar con fórceps al
negocio de la generación eléctrica que se armó bajo el paraguas de la
resolución 21/2016.
Proveniente del sector agropecuario, el grupo
MSU -que agrupa un amplio abanico de sociedades conexas como Juamarita SA, MSU
Air (transporte aéreo), MSU Ovo (avicultura), MSU Bioenergy (bioenergía), MSU
Agribusiness Holding- logró pegar un
gran salto a otros negocios vinculados con contrataciones del Estado a partir
de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.
En los últimos meses de 2016, MSU, (de Uribelarrea), se convirtió en uno de
los principales arrendatarios de las tierras de las Fuerzas Armadas, que
salió a licitar la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que
dirige Ramón María Lanús. Se quedó con 3.000 hectáreas, algo más del 20% de los
campos militares de alta productividad, que la administración macrista decidió
alquilarles a los grandes grupos privados de siembra.
Además, con su constructora UCSA, Santos
Uribelarrea también consiguió que le adjudicaran contratos de obras públicas
tanto la administración porteña de Rodríguez Larreta (provisión de la red de
gas para la Villa Olímpica), como el ministerio de Transporte de Guillermo
Dietrich (un tramo Carmen de Areco-Junín de la futura autopista de la ruta 7 y
obras de renovación de vías del Belgrano Cargas).
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