El gobierno
sigue ayudando a la usurpadora de
nuestras Islas Malvinas, la pirata Inglaterra, y le otorga áreas petroleras en
el Mar Argentino, a empresas de la pérfida Albión.
Acusan al
secretario de energía Lopetegui, de entregar a empresas británicas el control
de la Cuenca Petrolífera de Malvinas y otras áreas frente a las costas de la
Provincia de Buenos Aires.
La gobernadora de Tierra del
fuego e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, presentó un amparo, ya que se
trata de firmas que violan la ley 26.659, pues las empresas ahora beneficiadas
por el gobierno de Cambiemos, han operado ilegalmente en el Mar Argentino,
asociadas al gobierno colonialista de los kelper, de nuestras Islas Malvinas.
El Gobierno por
intermedio del secretario de energía, dio a conocer las ganadoras de las concesiones
para la exploración de petróleo off shore en el Mar Argentino y las petroleras
británicas se quedaron con la Cuenca Malvinas.
El Concurso otorgó nueve áreas a repartirse entre
ExxonMobil, Qatar Petroleum, Pluspetrol, Wintershall, YPF, Total, ENI,
Tecpetrol, Mitsui, Equinor y Tullow. Pero el problema es que las últimas dos
habrían violado la ley 26.659 al haber trabajado para el gobierno colonialista
que usurpa nuestras Islas Malvinas.
Mientras que la británica Tullow operó ilegalmente
siete áreas al sur de las islas en el 2007, la noruega Equinor tiene dentro de
su directorio a una ex asesora de la administración colonialista isleña, que
también trabajó para Tullow en la planificación del plan de desarrollo offshore
en Malvinas.
Es por eso que la gobernadora de Tierra del Fuego
Rosana Bertone presentó ante la Justicia una acción de amparo para dejar sin
efecto el acto de adjudicación de las áreas de exploración.
"Sumado a la peligrosidad que implica que
empresas británicas hayan sido adjudicatarias de áreas de exploración en
cercanía a las Islas Malvinas, la decisión de interponer esta presentación
judicial es fundada en el riesgo que estas actividades supondrán para la
industria pesquera y los recursos naturales argentinos y en la arbitrariedad
manifiesta de haberse omitido, el llevar a cabo previamente a la adjudicación y
concesión, los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación
vigente", indicaron los fueguinos.
El asunto adquiere gravedad institucional, pues el
canciller argentino Jorge Faurie, sostiene sin sonrojarse, que no existe un
impedimento legal, dado que las operaciones dentro del Mar Argentino, de las
empresas de la usurpadora Inglaterra ahora beneficiadas que afectaron los
intereses y derechos argentinos, ocurrieron cuatro años antes de la sanción de
la Ley 26.659, no hay dudas de que se claudica,
anteponiendo un formalismo
leguleyo, para facilitar a empresas de la invasora de nuestras Malvinas, un
negocio en aguas argentinas.
En la gobernación de Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur, se basan además y con toda razón, en la cuestión ambiental para
frenar la iniciativa del gobierno nacional, que prioriza los negocios de empresas extranjeras de un
país usurpador de territorios argentinos, en la explotación del petróleo
offshore con un gran potencial, antes que importantes e irrenunciables
cuestiones de Soberanía Nacional.
Ni siquiera es necesario, conveniente ni lógico,
debatir con mayor profundidad el peligro de que empresas británicas accedan al control
de ningún área de la plataforma continental en el Mar Argentino.
Desde el Gobierno le quitan importancia al asunto y
celebran la oferta de 724 millones de dólares por las 18 áreas adjudicadas que
también comprenden la cuenca Austral -que se encuentra frente al territorio de
Tierra del Fuego y Santa Cruz- y la cuenca Argentina Norte, que se localiza
frente a la costa bonaerense en aguas profundas.
A partir de hoy, la Secretaría de Energía a cargo
de Lopetegui tiene quince días para publicar la resolución que termine efectivizando
el otorgamiento del permiso para comenzar a explorar, cosa que se descuenta que
ocurrirá en caso de no prosperar el amparo judicial
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