Con una ley antiterrorista de vanguardia, la Justicia confirmó las
sentencias a ocho brasileños simpatizantes del ISIS que planificaban un ataque
en los Juegos Olímpicos de Río
Por George
Chaya 18 de octubre de 2017
La amenaza islamista en América Latina permanece activa y latente, existen casos en toda la región donde se está investigando a miembros y adherentes de organizaciones terroristas.
Foz de Iguazú, ciudad
brasileña situada en la zona fronteriza con la Argentina y Paraguay, ha sido
siempre un foco de investigación como base terrorista activa y centro logístico
utilizado para llevar a cabo el ataque contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en 1994.
El Departamento de
Estado ha criticado la falta de legislación antiterrorista de Brasil y otros
países latinoamericanos para combatir el terrorismo ante la presencia
comprobada de militantes islamistas en Brasil y la región por más de 20 años.
Tal situación y el marco legal parecen haber cambiado desde el 16 de marzo de
2016, cuando el Parlamento brasileño pasó su primera ley antiterrorista a
pesar de las revueltas de movimientos sociales izquierdistas y militantes de la
comunidad árabe islámica local que se opusieron vehementemente a la ley por
considerarla "innecesaria", en un país que nunca sufrió ataques. Sin
embargo, los acontecimientos probaron a esos opositores solo 4 meses después de
la entrada en vigor de la ley que sí era necesaria.
El 21 de
julio de 2016, la policía brasileña arrestó a 11 sospechosos de planificar un
atentado en los Juegos Olímpicos de Río
El 21 de julio de
2016, la Policía Federal Brasileña arrestó a 11 islamistas acusándolos
de complot para cometer un ataque terrorista durante los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro. El 14 de mayo de 2017, la Justicia confirmó los cargos
contra los detenidos, y 9 de ellos fueron sentenciados por el delito de
terrorismo;sus condenas han quedado firmes la primera semana de octubre y
han sido las primeras en el marco de la ley sobre terrorismo islamista en la
historia de América Latina. Así, Brasil se convirtió en el primer país
en tratar con éxito la cuestión, juzgando y condenando a extremistas islámicos
por actividades terroristas en la región.
Aunque Brasil no
había sufrido ataques islamistas, por lo cual, los brasileños no concebían el
yihadismo global como una amenaza a su seguridad nacional. No obstante, Brasil
es conocido en la comunidad antiterrorista internacional como refugio y
base terrorista en América del Sur, especialmente en materia de actividades
financieras ilícitas y apoyo de inteligencia a operaciones terroristas
islamistas casi en la misma categoría que Venezuela, Cuba, Nicaragua y Guyana.
En la década de los
80, operativos del grupo político-terrorista Hezbollah, patrocinado por Irán,
convirtió a Brasil en un importante centro logístico para el ataque a
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En su investigación, el
fallecido fiscal Alberto Nisman reveló que "el cerebro iraní del ataque a
la AMIA, Mohsen Rabbani, llegó a la Argentina en 1983 y, al mismo tiempo,
Teherán envió al clérigo chiita Taleb Hussein al Khazraji a Brasil". Al
Khazraji fundó el Centro Islámico de Brasil y fue imán de la mezquita del
Profeta Mohammed, ahora conocida como Brás Mezquita, situada en un barrio de
inmigrantes de San Pablo. En alianza con Rabbani en la Argentina, Al Khazraji
ayudó a difundir mucho más que la fe islámica en toda la región desde su puesto
en Brasil.
Los Juegos Olímpicos fueron un desafío inédito para las fuerzas de seguridad brasileñas (Reuters)
Según la
investigación en torno al ataque a la AMIA, ambos clérigos trabajaron haciendo
inteligencia encubierta a través de agentes locales reclutados en asociaciones
de la comunidad y conducidos por agentes profesionales llegados de Teherán (la
recopilación de tal información y los nombres de esos grupos y personas obran
en la causa AMIA y las dispone la Justicia argentina).
Por estos días, la
muerte del fiscal Nisman y las circunstancias que la ocasionaron se encuentra
bajo investigación luego de estar paralizada por más de dos años. La
inteligencia brasileña concuerda con la Justicia y la Agencia de Inteligencia
Argentina (AFI) en que la República Islámica operó sus elementos locales bajo
la cubierta de inspectores de reglas islámicas Halal sobre carne vacuna. Brasil
acaba de reafirmar esa información respecto de los clérigos iraníes que
orientaron e instruyeron a sus embajadas en Buenos Aires y Brasilia,
respectivamente.
Según recientes
informes de la Policía Federal brasileña, "la alianza estratégica entre
la República de Irán, Hezbollah y sus partidarios regionales está asentada
aún en la zona de la Triple Frontera y se extiende a otras ciudades, como
San Pablo y Curitiba". Otro informe reciente de la Policía Federal de
Brasil indica que chiitas libaneses radicalizados y adherentes a la
organización Hezbollah, como sunitas relacionados con Hamas, la Yihad Islámica
y Yamat al Islamiyah fueron detectados y son monitoreados actualmente en los
estados brasileños de San Pablo y Paraná.
Leonid el
Kadre de Melo, líder de la célula de ISIS en Brasil, tras ser arrestado (AP)
Según el informe,
Ahmad Nia, agregado civil de la Embajada de Irán en Brasilia entre 1991 y 1993,
habría trabajado como agente de Inteligencia (VEVAK). Para la Policía brasileña
es llamativo que Ahmad Nia ingresara a la Argentina el 16 de marzo de 1992 y
dejara Buenos Aires el 18 de marzo de 1992, es decir, el día anterior y el día
siguiente a la voladura de la Embajada de Israel en Argentina.
Según el informe de
Nisman, San Pablo es un importante centro de Hezbollah en América del
Sur. Esto incluye a los miembros del clan Barakat en Foz Iguazú y al Sheik
Bilal Mohsen Wehbe, líder religioso de la Mezquita Brás de San Pablo, todos
sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los
EEUU por sus relaciones con Hezbollah. Wehbe es reconocido como uno de los
líderes de la milicia chiita en Brasil y referente de agentes de Hezbollah,
como Farouk Abdul Omairi, arrestado con su hijo, Khaled Omairi, por tráfico de
cocaína en 2007 y por ser miembros de la red financiera de Hezbollah. En aquel
momento, Brasil no tenía un marco legal antiterrorista, por lo tanto, Farouk y
Khaled Omairi fueron acusados por tráfico de drogas y condenados a once años y
ocho meses en prisión.
El papel de Brasil como refugio terrorista queda demostrado con la detención en 2016
del ciudadano
libanés Khaled Hussein Ali, un operativo de Al Qaeda que vivía
secretamente en San Pablo y que fue detectado e identificado por el FBI como
coordinador de comunicaciones de Al Qaeda en América Latina. Sin embargo, sin
el marco apropiado de una legislación antiterrorista legal, no pudo ser juzgado
por su actividad terrorista. En su lugar, Hussein Ali fue acusado y condenado
por racismo, un delito en el que se pudo probar su responsabilidad por la
traducción de material de propaganda de Al Qaeda.
Casos como los de
Hussein Ali (Al Qaeda) y Farouk Omairi (Hezbollah) ilustran cómo las
organizaciones terroristas islamistas tomaron ventaja de la falta de leyes
contra el terrorismo en Latinoamérica. Incluso cuando los sospechosos fueron
capturados y arrestados, la infraestructura legal y judicial para castigar
eficazmente la actividad terrorista no era la adecuada. Debido a esto, los
involucrados con el terrorismo en Brasil fueron juzgados por otros tipos de
delitos, como los casos de Khaled Hussein Ali (por racismo) y Farouk Abdul y
Omairi (por tráfico de drogas).
Durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, el vacío legal de una legislación antiterrorista era notorio. El Gobierno creía que tal legislación empujaría a Brasil a un conflicto en el que no tenía interés y pondría el país en el centro de atención del terrorismo global. Así, Brasil dio el peor ejemplo al no detener al clérigo iraní Mohsen Rabbani cuando viajó a San Pablo en 2010 a pesar de que Interpol "envió una circular roja" por su papel en la voladura de la AMIA. Estas fallas permitieron a terroristas conocidos visitar y viajar por Brasil, Venezuela y Bolivia con facilidad.
En enero de 2016, el jeque saudí Muhammad al Arifi estuvo en Brasil visitando la Mezquita de Parí, en San Pablo, conocido por sus sermones radicales, en los que defiende el asesinato de infieles. Esto debería haber generado una alarma para las autoridades. Sin embargo, aunque la Policía Federal Brasileña mantuvo una vigilancia sobre él, Al Arifi salió de Brasil sin incidentes y se dirigió a Guyana. Estos son simplemente ejemplos de la libertad de movimiento que islamistas conocidos y otros terroristas disfrutaron en un Brasil libre de consecuencias legales antiterroristas.
En el último censo
brasileño, la Federación islámica de Brasil estima que 1 millón de musulmanes
residen en Brasil, la mayoría son de orígenes libanés y sirio, y viven en San
Pablo y el Estado de Paraná, cerca de la zona fronteriza donde se contabilizan
aproximadamente 115 mezquitas y 94 centros islámicos activos en el país. En
1983, había solamente 59 centros comunitarios. Actualmente, la policía
monitorea la propagación de la ideología islamista que desarrollaron grupos
como Los Defensores de la Sharia, que explotó un marco legal adecuado para
reclutar, capacitar, planificar y recaudar fondos para apoyar actividades
terroristas bajo la cobertura y el establecimiento de mezquitas y centros
islámicos en Brasil. Esto cambió desde la sanción de la ley antiterrorista en
2016, estos grupos ya no disponen de la facilidad para operar con la que
contaban en el pasado.
En los últimos
meses, la Policía Federal llevó a cabo operaciones que permitieron
secuestrar ordenadores y teléfonos celulares de unos 20 sospechosos sobre
actividades terroristas en Brasil. Uno de los detenidos es Matheus
Barbosa da Silva. Analizados los equipos electrónicos de Barbosa, la
Policía reveló que durante 4 años había operado bajo el seudónimo Ismail Abdul
Jabbaar al Brazili, y era un activo reclutador de ISIS. Al Brazili (Barbosa da
Silva) se convirtió al islam en 2013, cuando vivía en Roswell, Georgia. Después
de su conversión, frecuentó la mezquita local, The Roswell Community
Masjidbajo otra identidad, Mahmod Silva, y creó un canal de YouTube en el
cual comenzó publicando contenido en apoyo de ISIS. El FBI utilizó sus videos
para rastrear a Barbosa da Silva y su familia, quienes vivían ilegalmente en
los EEUU y fueron deportados a Brasil en 2015.
En varias
conversaciones interceptadas, Al Brazili reveló que permaneció en contacto con
extremistas de ISIS en los EEUU en espera de instrucciones respecto a futuros
ataques sobre objetivos identificados en Brasil, especialmente contra
entidades, empresas y personas de la comunidad judía local. Su caso ahora podrá
ser juzgado ante un tribunal brasileño bajo la nueva ley antiterrorista.
El 4 de mayo de 2017,
el juez Marcos Josegrei da Silva sentenció a ocho brasileños por
promover el terrorismo islamista. Según la sentencia, Leonid el Kadre de
Melo, líder de la célula de ISIS en Brasil, se le aplicó una sentencia de 15
años, diez meses y cinco días prisión. Su participación, al igual que la de sus
cómplices, fue probada en los mensajes interceptados por la Policía Federal. Esa
sentencia quedó firme la semana pasada.Brasil ha llevado a cabo el primer
juicio penal y aplicó la primera condena a terroristas islámicos en América
Latina estableciendo un importante precedente regional.
El marco legal que
estableció Brasil es una herramienta jurídica que ayudará a derrotar la
narrativa y el accionar yihadista. En este sentido, Brasil acaba de infligir al
terrorismo islamista su primera derrota en América Latina.
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