Son normas que la ex presidenta no desclasificó cuando dispuso la publicación de este tipo de documentos a partir de 2012.
Son decretos secretos dictados por presidentes democráticos que se mantienen ocultos. Se refieren al programa del misil Cóndor II promovido por Raúl Alfonsín que finalmente quedó trunco; a la "lucha contra la subversión" ordenada por Juan Domingo Perón y su viuda Isabel a mediado de los 70's; y a la venta de armas a Croacia y Ecuador dispuesta por Carlos Menem cuando el país no podía hacerlo. Ninguno de los 8 fue incluido en la desclasificación de decretos secretos que realizó Cristina Kirchner entre 2013 y 2015, y que abarcó el período que va desde 1957 hasta fines de 1983.
Dos de esos decretos reservados fueron liberados por Mauricio Macri recién en 2017. Pero los otros seis que se revelan en esta nota siguen estando bajo el rótulo de "secretos" aún hoy en día. Fueron hallados por la Unidad de Datos de Infobae en una búsqueda profunda que incluyó el cruce de distintos parámetros. Uno fue firmado por Perón durante su tercer mandato, dos por Isabelita, otros dos por Alfonsín y tres por Menem.
Proyecto Cóndor II
El 9 de abril de 1985, Alfonsín dictó el decreto secreto Nº 604 por el que aprobó los Programas Cóndor I y Cóndor II como parte del Plan de Satelización de la Fuerza Aérea Argentina. Este decreto convalidaba una serie de contratos firmados el 14 de diciembre del año anterior entre la Fuerza Aérea y la empresa estatal Tecnología Aeroespacial S.A. (TEA) por un lado, y un consorcio de empresas extranjeras – IFAT Corp. Ltd (con sede en Suiza) y CONSEN SAM (con sede en Mónaco)- por el otro, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa de Egipto.
Los contratos preveían la exportación a Egipto de entre 12 y 30 motores de combustibles sólidos para propulsión de vectores y/o misiles, entre 1985 y 1988, sin control de la Aduana o de otro organismo civil. Se llegó a concretar el envío de 12 de ellos a través de aviones Hércules de la Fuerza Aérea.
A partir de 1987, el acuerdo firmado por 35 países -entre los que estaban las principales potencias- para impedir la exportación de tecnología misilística con posible uso nuclear a los países en vías de desarrollo, llamado Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), aumentó la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Alfonsín para frenar ese proyecto.
Sin embargo, el mandatario radical decidió continuarlo y dictó un segundo decreto secreto – el Nº 1325 del 13 de agosto de 1987– , por el cual aprobó un acuerdo entre la Fuerza Aérea y las empresas CONSELTEC SA y DESINTEC SA, para la creación de la sociedad Integradora Aeroespacial S.A. (INTESA), destinar a ejecutar el cumplimiento de los programas Cóndor I y II.
El texto de estos dos decretos secretos y los detalles de este desarrollo tecnológico argentino fueron incluidos en la tesis realizada por el investigador aeroespacial argentino Pablo Gabriel de León, a la que accedió la Unidad de Datos de Infobae en un repositorio de la Universidad de San Andrés.
Esa investigación fue luego ampliada por De León en su libro "El Proyecto del Misil Cóndor", publicado en 2017 por la editorial Lenguaje Claro. De León reside actualmente en los Estados Unidos, donde dirige un laboratorio de trajes espaciales en el Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte, y trabaja para la NASA desde hace 25 años.
Hasta ese momento, el contenido de ambos decretos era desconocido. Este experto en temas aeroespaciales pudo acceder a ellos a partir de un pedido de desclasificación de documentos sobre el proyecto Cóndor al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), vía el Acta de Acceso de la Información de ese país (llamada Freedom of Information Act, FOIA, en inglés).
La CIA accedió finalmente a desclasificar parcialmente esos documentos, que incluían estos dos decretos que los argentinos no conocían, y que aún hoy se mantiene secretos.
Si bien los archivos que obtuvo De León tenían múltiples tachaduras de nombres y detalles que la inteligencia norteamericana buscó preservar, los textos de estos dos decretos secretos dictados por Alfonsín estaban transcriptos completos.
De León sostiene que si bien en una entrevista que le hizo al ex ministro de defensa de Alfonsín Horacio Jaunarena para su tesis, éste "aseguraba que el programa era un proyecto pacífico", para este investigador no había no había dudas que "los fines del Cóndor Il, eran claramente bélicos".
"Es probable que la Fuerza Aérea – que fue la única que protegió a Alfonsín en la época de los levantamientos carapintadas-, se lo haya 'vendido' así, y que el ex mandatario radical haya hecho la vista gorda para garantizarse la lealtad de esa fuerza", sostiene en diálogo con Infobae.
Consultado por este medio, Raúl Alconada Sempé, ex vicecanciller del gobierno radical, asegura por su parte que el proyecto Cóndor II no fue concebido con objetivos bélicos. "Argentina desarrolló un combustible sólido, que es lo más complejo, capaz de propulsar vectores a gran distancia que podían llevar un satélite, un misil o armas nucleares".
También asegura que en distintas reuniones con el entonces secretario de Estado de Ronald Reagan, George Shultz, desde el gobierno de Alfonsín -incluido el propio presidente- "cuando en distintas reuniones sacaba el tema del Cóndor II, siempre le aseguraron a Shultz que Argentina no tenía ninguna de las armas que podían preocupar a su país, o al Reino Unido por la distancia que podría alcanzar un cohete con la tecnología del Cóndor II desde el continente hasta Malvinas".
Según recuerda este ex vicecanciller radical, durante su campaña Menem hizo un acuerdo con los ex carapintadas Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín para crear una cuarta fuerza armada con gran capacidad de movilidad, al estilo de los marines norteamericanos a cambio del apoyo a su candidatura. Tras su triunfo como presidente, en la Asamblea de la ONU de septiembre de 1989, "el gobierno de Estados Unidos le hizo saber a Menem que no iba a aceptar que siga financiando el proyecto de una cuarta fuerza armada, y le exigió que desmantele el programa del Cóndor II".
El proyecto fue finalmente desactivado por el ex mandatario riojano mediante el decreto 995 del 28 de mayo de 1991,a partir del establecimiento de las "relaciones carnales" con Estados Unidos.
-¿Por qué Cristina Kirchner pudo haber decidido mantener secretos esos dos decretos de Alfonsín?, le preguntó Infobae a De León.
–Una posible respuesta es por la responsabilidad de Argentina de tener que pagar por los contratos incumplidos por el país cuando el programa Cóndor I y II fue desactivado por Menem.
De León también menciona en su libro la posibilidad de que los atentados a la embajada de Israel y la AMIA hayan podido ser una represalia de los clientes finales de la tecnología del misil Cóndor desarrollada por Argentina, luego de que Menem incumpliera los compromisos asumidos.
Esos clientes serían Irak, a través del contrato de la Fuerza Aérea argentina con Egipto, Siria -que tenía un acuerdo para el desarrollo de armas nucleares con Irak- y Libia. Este último país habría financiado la campaña de Menem a la presidencia a cambio de la posterior transferencia de tecnología para un posible uso nuclear.
La preocupación de los Estados Unidos por los posibles destinatarios finales de la tecnología del Cóndor II fue admitida por el ex canciller de Menem, Domingo Cavallo, en una reunión en la casa de Alfonsín en la que participó Alconada Sempé, cuando el ex ministro ya se había ido del gobierno de Menem. Según recordó ante Infobae el ex vicecanciller radical, en ese encuentro Cavallo comentó que Menem habría recibido fondos para su campaña de Libia, e incluso de Siria, a cambio de transferencia de tecnología del Cóndor II.
La hipótesis de una posible represalia de países árabes se manejó en la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA. Así se lo confirmó a Infobae Raúl Woscoff, quien fuera asesor en esa Secretaría de Estado hasta que fue absorbida por la Secretaría de Derechos Humanos.
Los decretos secretos de Perón e Isabelita
Entre los decretos reservados que Cristina Kirchner no desclasificó, hay también uno firmado por Perón, en 1974, y dos rubricados por su viuda Isabel, en 1975, cuando el país ya estaba convulsionado por los ataques de la guerrilla y el accionar represivo paraestatal de la Triple A.
De los 481 decretos reservados dictados entre 1974 y 1975 que fueron publicados por la ex presidenta entre 2013 y 2015, solo uno estaba referido a la "lucha contra la subversión" encarada por el tercer gobierno peronista. Era el decreto S 261 del 5 febrero 1975 firmado por María Estela Martínez de Perón, que dispuso que "el Comando General del Ejército proceda a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán".
Otros tres referidos a la represión de la lucha armada no fueron desclasificados por la ex mandataria. Uno es el decreto S 1.302 del 27 de abril de 1974 firmado por Perón dos meses antes de morir, en el que el ex presidente acusaba a la "subversión armada de grupos radicalizados" de "buscar la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista".
El texto, que también lleva la firma del entonces ministro del Interior, Ángel Federico Robledo, comunicaba la aprobación de "las Directivas para los "Conflictos Graves Nº 1 denominado 'Topo' y Nº 2 denominado 'Yacaré'".
Para el "conflicto grave" bautizado Topo", se fijaba el objetivo de "eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre".
Un año después, su viuda Isabel firmó el decreto S 993 del 16 de abril de 1975, en el que dispuso elaborar un plan para "eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas".
Ambos decretos fueron desclasificados por Mauricio Macri en mayo de 2017, que dispuso su envío al Museo de la Memoria, "por ser parte de la Historia Nacional".
En cuanto al tercer decreto secreto sobre el tema que hasta ahora permanece secreto, solo se tiene una referencia de su existencia. Aparece publicado en el libro de Cristian Gutiérrez Tapia, bajo el título "La contrasubversión como política". El autor, que es historiador y magíster en Historia de América de la Universidad de Santiago de Chile, publicó su trabajo en 2018.
Se trata del Decreto S 404 de 1975, firmado por la viuda de Perón y hace referencia a una directiva del Comandante General del Ejército para la lucha contra la subversión. También señala los puntos centrales de la represión que se implementó en Argentina.
Venta de armas camufladas
Finalmente, otros tres decretos secretos que Cristina Kirchner no desclasificó se refieren a la venta de armas por parte de Menem a Panamá y Venezuela a principios de los 90's, cuando en realidad esos embarques fueron destinados a Ecuador -que en ese momento libraba una guerra con Perú- y a Croacia, que tenía un embargo internacional.
La ex mandataria no los hizo público pese a que para marzo de 2013, Menem había sido condenado por la Cámara de Casación Penal, y tres meses después, un Tribunal Oral le fijó una pena de siete años de prisión como el responsable de mayor jerarquía del contrabando de armas del Ejército a dos países a los que Argentina no debía venderle armamento.
Se trata de los decretos S 1697 del 27 de agosto de 1991 y el S 2283 del 31 de octubre de ese mismo año, que decían que el supuesto destinatario de las armas era Panamá.
El tercero es el S 103 del 24 de enero de 1995 y autorizaba la venta de armas a Venezuela, que nunca las había pedido, y su destino final era Ecuador y Croacia. Fue publicado en 2006 en el libro "Servicios de Inteligencia: ¿fuera de la ley?", de Fernando Rueda, doctor en Periodismo por la Universidad Complutense y uno de los máximos especialistas españoles en asuntos de espionaje.
El decreto ordenaba a la Aduana que permitiera la salida del material bélico verificando únicamente el peso, el valor y la cantidad de bultos, no así el contenido.
La condena a siete años de prisión contra Menem fue confirmada por Casación Penal en 2017, pero el caso llegó a la Corte y el año pasado el actual senador nacional terminó absuelto en un nuevo fallo por el tiempo transcurrido en la realización del proceso.
Decretos que aún permanecen en el misterio
La ex presidenta había liberado 9.037 decretos secretos firmados por distintos gobiernos, tanto militares como democráticos, que van desde 1957 al 2003, tal como Infobae reveló el pasado 24 de marzo.
Lo hizo mediante el decreto 2.103 del 2012. Sin embargo mantuvo una cantidad que aún se desconoce sin desclasificar y sin que se sepan fehacientemente los motivos en cada caso. El artículo 1º de esa norma preveía como excepciones "razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal".
De acuerdo a la información obtenida hasta ahora por Infobae, hay al menos 1.696 decretos secretos firmados durante la última dictadura que Cristina Kirchner dispuso no liberar, aunque es posible que haya más.
No se conoce su contenido porque se mantienen en reserva, tal como confirmó la respuesta de la Secretaria Legal y Técnica al Ministerio de Defensa, en base a un pedido de Acceso a la Información realizado por este medio.
Infobae presentó esta solicitud luego del fallo de la Corte Suprema en marzo pasado, a partir de una demanda iniciada en 2009 por el periodista Claudio Savoia para conocer el contenidos de los decretos secretos emitidos durante la última dictadura militar.
El Máximo tribunal le ordenó a la Cámara Contencioso Administrativo que le exija al actual Gobierno la divulgación de todos los decretos secretos dictados entre 1976 y 1983 que hubieran quedado desclasificar. Y si el Estado considerase que, aún hoy, algunos de ellos debían permanecer en secreto -por referirse, por ejemplo, a cuestiones vinculada a Malvinas-, que esas razones se expliciten y sean supervisadas por la Justicia.
Cómo se procesó la información
Se realizó un rastreo documental del término "decreto secreto" vía búsqueda avanzada en la Web, que arrojó 2.480 resultados para Argentina. De este total, 340 contenían información sobre decretos que no fueron incluídos en la desclasificación impulsada por el gobierno anterior.
Relevados en su totalidad e identificados los números y año de cada resolución, se cruzó esa información con la base de datos de los 9.037 decretos desclasificados por CFK entre 2013 y 2015, cuyos resultados dieron origen a la nota que Infobae publicó el pasado 24 de marzo.
Los decretos desclasificados, así como los 354 anexos, fueron subidos a la plataforma Document Cloud (ver aquí), que permite acceder al contenido en formato texto y buscar dentro de los mismos. Luego se automatizó el conteo de cada norma, para la serie temporal completa, que va desde 1957 al 2003 (consultar en este enlace).
También se relevaron patrones de repetición, a través de distintas variables que se pusieron bajo estudio. Los datos abiertos de los decretos secretos en formato texto se pueden consultar desde este enlace.
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